“Incompatibilidad” de marcas
y denominaciones de compañías
Como parte de los derechos garantizados por la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador para
el titular de un registro marcario en nuestro país, se encuentra la posibilidad de actuar en contra
del nombre de compañías o sociedades que incluyan indebidamente a una marca registrada, a
pesar de haber sido aprobado por las Autoridades competentes para ello.
Así, el artículo 293 de la mencionada Ley prescribe lo siguiente:
“Art. 293.- El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones
vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías o de Bancos y
Seguros, hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de
una denominación que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales
u obtenciones vegetales, podrá solicitar al IEPI a través de los recursos
correspondientes la suspensión del uso de la referida denominación o razón social
para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido.
El IEPI notificará a las partes y a la Superintendencia de Compañías o de Bancos y
Seguros con la resolución correspondiente; la sociedad tendrá el plazo de noventa días
contados a partir de la notificación de la resolución del IEPI, para adoptar otra
denominación o razón social; plazo que podrá prorrogarse por una sola vez y por igual
tiempo siempre que existieren causas justificadas.
En el evento de que no adoptaren una nueva denominación o razón social dentro del
plazo establecido en el inciso anterior, la Superintendencia procederá a disolver o a
liquidar la compañía.”.
Si bien con lo anterior se refuerza la protección a los titulares de registros marcarios y se
establece un procedimiento claro para reivindicar sus derechos, el tener que ejercerlos por falta
de previsión o cuidado de las Autoridades implica muchas veces incurrir en altos costos que no
fueran necesarios si existiera una coordinación entre el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual (IEPI) y las demás entidades encargadas de la aprobación de denominaciones de
compañías o sociedades.
A nuestro criterio, una manera efectiva de evitar esta “incompatibilidad” entre marcas y
denominaciones de compañías sería la elaboración de un reglamento que establezca la
obligatoriedad para las diferentes Superintendencias (de Compañías, Bancos y de Economía
Popular y Solidaria), de verificar la información constante en el IEPI respecto a marcas o
nombre comerciales registrados, previo a aprobar el nombre de una compañía.
De esta manera, se haría una revisión preventiva que permita reducir el número de casos en que
las denominaciones de las compañías o sociedades incluyen indebidamente a marcas
previamente registradas y se reduciría la cantidad de litigios que surgen por este motivo, con
las afectaciones que ello conlleva para los titulares de derechos de propiedad intelectual.
La forma de implementar esto podría variar, de acuerdo a la manera que mejor se adapte a las
necesidades de las Autoridades y los usuarios, pudiendo ser una opción que la revisión la haga
de oficio la Superintendencia respectiva accediendo a la base de datos del IEPI o que por el
contrario, se establezca como requerimiento al interesado que presente junto con su solicitud de
reserva de denominación de la compañía o sociedad, el reporte de la búsqueda de antecedentes
del IEPI que permita constatar que dicha denominación no afectaría derechos adquiridos de
propiedad intelectual.
En concordancia con lo anterior y yendo más allá de la denominación de compañías,
consideramos oportuno mencionar en este articulo, los problemas que también se han generado
en la práctica por los “nombres comerciales aprobados” por el Servicio de Rentas Internas
(SRI).
Ocurre que el SRI al momento de abrir o actualizar el Registro Único de Contribuyentes
(RUC) incluye la posibilidad de que el usuario designe un “nombre comercial” con el que
operará su negocio, a pesar de que ni en la Ley de Registro Único de Contribuyentes ni en su
Reglamento, conste tal campo como parte de la información constitutiva del registro.
Esta situación ha generado constantes problemas para titulares de registros marcarios, ya que el
SRI no hace revisión alguna de que el “nombre comercial” que el usuario le está
proporcionando afecte o no derechos de terceros.
Lo anterior, ocasiona que en muchos casos cuando el titular legítimo de una marca registrada
actúa contra el uso indebido de su signo, no encuentra una respuesta favorable por parte del
infractor, quien cree que se encuentra respaldado por el “nombre comercial” que consta en el
RUC.
Casos como estos han afectado constantemente al reconocido restaurante quiteño LA CHOZA
(http://www.lachoza.com.ec/) con quienes se ha optado por una estrategia más bien
conciliadora, evitando el inicio de acciones legales y enviando en su lugar cartas de alerta o
advertencia que informen sobre la situación jurídica al infractor.
Así, por medio del diálogo y la negociación, se han obtenido resultados favorables en la
obtención del cese del uso indebido de esta reconocida marca, evitando la incomodidad y el
alto costo del litigio.
Ahora bien, nuevamente esta actuación del SRI, ocasiona que el titular de registros marcarios
se vea obligado a incurrir en costos innecesarios cuando dicha entidad no debería incluir en el
RUC la declaración de un “nombre comercial”.
Por lo dicho, nuestro criterio es que el SRI debería eliminar la posibilidad de indicar un
“nombre comercial” en el RUC o, si en todo caso insiste en mantenerlo, realizar una revisión
previa en la base de datos del IEPI, ya sea de oficio o como requisito previo para el usuario, de
tal manera que se confirme que no hay una afectación a los derechos de propiedad intelectual
de terceros.
Por: Jaime Mantilla Compte
Falconi Puig Abogados
02/02/2015
“Incompatibility” of trademarks
and companies’ names
As part of the rights guaranteed by the Ecuadorian Intellectual Property Law to trademark
owners in our country, there is the possibility of taking action against the names of companies
or partnerships that include a registered trademark, even though they were approved by the
competent Authorities.
Accordingly, article 293 of the mentioned Law establishes:
“Art. 293.- A trademark, commercial name or plan variety owner who determines that
the Superintendence of Companies or Banks has approved the adoption by companies
under its control of a name including identical signs as those of its trademarks,
commercial names or plant varieties, may request the EIPI the suspension of the use of
the above name to eliminate all risk of confusion or undue usage of the protected sign.
The EIPI will notify the parties and to Superintendence of Companies or Banks through
a resolution; the company will have a term of ninety days starting at the date of notice
of the EIPI resolution, to adopt another name; a term which may be extendable for only
one time and for the same time by means of justifiable causes.
In the event that a new name is not adopted within the term set forth in the above
paragraph, the Superintendence shall proceed to dissolve or liquidate the company.”
Despite the above strengthens protection for trademark owners and establishes a clear
procedure to claim their rights, having to exercise them due to the lack of anticipation and care
of the Authorities implicates many times incurring in high expenses that would not be
necessary if there would be a coordination between the Ecuadorian Intellectual Property
Institute (EIPI) and the other entities in charge of approving the names of companies or
partnerships.
In our opinion, an effective way to avoid this “incompatibility” between trademarks and names
of companies would be the elaboration of a directive that establishes as mandatory for the
corresponding Superintendence (of Companies, of Banks and of Popular and Solidarity
Economy), to verify the information at EIPI regarding registered trademarks or trade names,
prior to approving a company’s name.
In this manner, a preventive review would be made which would allow reducing the number of
cases in which names of companies or partnerships improperly include previously registered
trademarks and will reduce the amount of litigations that arise for this reason, that affect
intellectual property owners.
The way to implement this can change, according to the best manner in which the needs of the
Authorities and the users can be adapted. An alternative could be that the review is made
directly by the corresponding Superintendence by accessing the EIPI’s database or, by the
other hand, that it is established as a requirement for he interested party to file the trademark
search report from EIPI along with the name reservation of the company or partnership, in
order to determine that such name does not affect preexisting intellectual property rights.
In accordance with the above and going beyond companies’ names, we consider relevant to
mention in this article the problems that have also been generated in practice by the “trade
names approved” by the Internal Revenue Service (IRS).
What is currently occurring is that the IRS when opening or updating a Contributor’s Sole
Registration (RUC for it meaning in Spanish), include the possibility for the user to provide a
“trade name” with which the business will operate, despite that the Law for the Contributor’s
Sole Registration nor its Directive establishes this field as part of the required information for
registration.
This situation has generated constant problems for trademark owners, since the IRS does not
review if the “trade name” the user is providing affects or not rights of third parties.
The above mentioned causes that in many cases, when the legitimate owner of a registered
trademark takes action against the improper use of its mark, an unfavorable response from the
offender is received, because he believes to be endorsed by the “trade name” that appears in the
Contributor’s Sole Registration (RUC).
Cases like this have affected constantly the renowned restaurant LA CHOZA from Quito
(http://www.lachoza.com.ec/), with whom a more conciliatory strategy has been chosen,
avoiding legal action and sending instead cease & desist letters informing the offender of the
legal situation.
So, through dialog and negotiation, favorable results have been obtained regarding the cease of
improper use of this famous trademark, avoiding the discomfort and elevated costs of
litigation.
Nonetheless, again this behavior of the IRS causes the trademark owner to be bound to incur in
unnecessary expenses when such entity should not include in the Contributor’s Sole
Registration (RUC) the declaration of a “trade name”.
Therefore, our opinion is that the IRS should eliminate the possibility of indicating a “trade
name” in the Contributor’s Sole Registration (RUC) or, if it insists on keeping it, making a
prior search in the EIPI’s database ex officio or as a requirement to the interested party, so that
it can confirm that no intellectual property rights of third parties are affected.
By: Jaime Mantilla Compte
Falconi Puig Abogados
02-02-2015